La alcaldesa de Alcobendas se dejó casi 15.000 euros públicos en que la "enseñen a hacer" contratos públicos
La alcaldesa de Alcobendas, Rocío García Alcántara (PP), ha protagonizado una controversia en pleno mes de mayo tras autorizar el gasto de 14.880 euros en servicios de consultoría especializada en contratación pública, con el objetivo de recibir formación y asesoramiento en esta materia. El contrato, adjudicado directamente a Javier Vázquez Matilla, experto en derecho administrativo, forma parte de un expediente que permite gastar hasta 57.600 euros en total.
La empresa encargada de prestar el servicio se define como una "boutique legal de alta especialización en asesoramiento a entidades públicas desde dentro, y en la resolución de sus problemáticas más complejas".
¿Gasto formativo o despilfarro innecesario?
Este movimiento ha generado tensión interna dentro del propio Partido Popular, donde algunos miembros del grupo municipal han considerado el gasto como “innecesario” y difícil de justificar ante la ciudadanía, especialmente en un momento de contención presupuestaria.
Desde el entorno de la alcaldesa defienden la contratación como parte de una estrategia para profesionalizar la gestión pública y evitar errores legales en la tramitación de contratos. “Mejor prevenir que corregir irregularidades después”, señalan fuentes cercanas al equipo de gobierno.
Una factura legal con sabor a debate político
El consultor Javier Vázquez Matilla, con experiencia reconocida en la materia y colaborador habitual con administraciones públicas, ha cobrado ya 14.880 euros del contrato, que continúa vigente y podría alcanzar los 57.600 euros si se ejecuta en su totalidad.
Este tipo de servicios se enfocan en formación, revisión de procedimientos y asesoramiento jurídico especializado, especialmente útil en ayuntamientos que gestionan millones de euros en licitaciones y contratos públicos.
Una decisión que enfrenta a la alcaldesa con parte de su partido
La polémica no surge tanto por la legalidad de la contratación —que no está en entredicho—, sino por su oportunidad política. Algunos cargos del PP local consideran que “una alcaldesa debe rodearse de un equipo técnico capacitado” y no depender de asesorías externas de alto coste para tareas que se consideran básicas en la gestión pública.
Otros, sin embargo, creen que se trata de una medida prudente para fortalecer el control legal de los procedimientos y minimizar riesgos de impugnaciones o errores administrativos en un entorno normativo cada vez más complejo.
Transparencia y gestión: el equilibrio que exige la ciudadanía
Este tipo de decisiones ponen sobre la mesa un debate habitual en la gestión municipal: ¿cuánto se debe invertir en asesoramiento externo? Y, más aún, ¿cuándo deja de ser una herramienta útil para convertirse en un gasto cuestionable?
La ciudadanía, por su parte, exige transparencia en el uso del dinero público y resultados visibles. Y es ahí donde este tipo de contrataciones generan controversia: no tanto por su contenido, sino por la percepción que generan en un contexto de creciente vigilancia sobre el gasto institucional.