Almeida también le da dinero gratis a la UGT, pero no lo airea
En un contexto de creciente escrutinio sobre el uso de los recursos públicos, el Ayuntamiento de Madrid ha propuesto conceder una subvención de 62.641 euros a la Federación de Servicios Públicos de UGT (FSP-UGT), correspondiente al ejercicio 2025. Se trata de una ayuda recogida en el marco del Acuerdo de 2009 sobre los derechos y garantías sindicales, que otorga fondos en proporción al número de representantes sindicales en los órganos de negociación del consistorio y sus organismos autónomos.
Un reparto sindical con base en la representatividad
Esta subvención no es excepcional. Forma parte de un sistema de reparto automático y directo entre las organizaciones sindicales en función de su representatividad, sin necesidad de concurrencia competitiva. En este caso, a UGT le corresponden 26.706 € por el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 2 de junio de 2025, y 35.934 € del 3 de junio al 31 de diciembre, en función de los resultados de las elecciones sindicales.
En total, más de 60.000 euros que deberán ser justificados mediante memorias de actuación y facturas, aunque —según se reconoce en el propio decreto— no se exige demostrar resultados concretos o medibles. Es decir, la subvención no está vinculada al impacto real de la acción sindical, sino al cumplimiento formal de su actividad.
¿Un sistema obsoleto?
La cuestión que muchos se plantean es: ¿tiene sentido en pleno 2025 seguir otorgando subvenciones automáticas a organizaciones sindicales sin rendición de cuentas más exigente? ¿Cómo se garantiza que ese dinero público, que sale de los impuestos de todos los madrileños, se destina realmente a defender derechos laborales y no a sostener estructuras sindicales poco eficaces o politizadas?
El sistema, vigente desde 2009, ha permanecido prácticamente inalterado pese al cambio de gobiernos municipales y al nuevo contexto de participación y fiscalización ciudadana. Aunque legal, esta fórmula puede considerarse anacrónica, especialmente si se compara con la exigencia que se impone a pequeñas asociaciones, ONGs o iniciativas vecinales, que muchas veces deben justificar con lupa cada euro recibido.
El debate está servido
La subvención a FSP-UGT es solo un ejemplo de un reparto más amplio: sindicatos como CSIF, CCOO o CITAM también recibirán fondos similares, calculados en proporción a su número de delegados. Pero la crítica no está en quién lo recibe, sino en cómo y por qué.
¿No deberían reformarse estos convenios para introducir criterios de eficiencia, impacto y necesidad real? ¿Qué control tiene la ciudadanía sobre el uso de estas subvenciones? ¿Es hora de revisar el modelo de financiación sindical en las administraciones públicas?
En tiempos donde se cuestiona cada euro del gasto público, mantener privilegios heredados sin transparencia ni evaluación parece difícilmente justificable.