Una alto cargo de Ayuso no se gasta un duro de sus dietas en aparcar y carga los parkings como "gasto protocolario"

Pilar Jimeno Alcalde, actual Directora General de Inspección y Ordenación Sanitaria, ha convertido sus desplazamientos cotidianos en una fuente constante de gasto público. Desde que asumió el cargo, ha ido cargando periódicamente decenas y decenas de tickets de parking, peajes y desplazamientos individuales como “gastos protocolarios”, lo que ha despertado una creciente indignación entre ciudadanos y trabajadores del sector sanitario. En total, 1.226,45 euros en aparcamientos.

Solo con una revisión parcial de los documentos oficiales, puede comprobarse que entre julio de 2023 y febrero de 2025 hay registradas más de 80 anotaciones de "reuniones de trabajo" asociadas a gastos de transporte, peajes y aparcamiento, con importes que oscilan desde los 8 euros hasta los 33 euros por sesión. Una rutina que, sumando línea tras línea, se traduce en cientos —posiblemente miles— de euros de fondos públicos dedicados exclusivamente a su movilidad privada.

¿Reuniones de trabajo o desplazamientos cotidianos?

El patrón es claro: en fechas consecutivas, en múltiples ocasiones el mismo día, figuran cargos de gastos por reuniones sin mayor especificación. Ni se detalla el objetivo concreto de esas reuniones ni los motivos por los que el contribuyente debe asumir gastos de aparcamiento que, para la mayoría de trabajadores públicos, son responsabilidad personal.

Resulta llamativo que incluso en ocasiones se duplican los gastos en una misma jornada, como ocurrió, por ejemplo, el 16 de diciembre de 2024, cuando se registraron tres cargos distintos por “reunión de trabajo”, sumando más de 61 euros en aparcamiento y peajes en un solo día. En otras fechas, como el 11 de noviembre de 2024, también se repiten cargos por separado, sin que exista una justificación clara.

¿Protocolarios… o excesivos?

Todos estos gastos se justifican en la documentación oficial como “servicios de transporte individual o colectivo, parking y peajes” bajo el paraguas de "protocolo institucional", una fórmula que debería estar reservada a eventos representativos, actos oficiales o funciones excepcionales, y no al uso habitual del coche para asistir a reuniones internas.

A esto se suman conceptos adicionales como "comidas institucionales" o "detalles de cortesía", como en el caso del 9 de enero de 2024, cuando se cargaron 87,38 euros por una “atención a visitas” cuyo contenido no se detalla. También figuran “otros gastos que supongan igualmente una atención protocolaria”, pero sin más explicación que esa vaga categoría.

Un estilo de gestión desconectado de la realidad del sistema sanitario

Resulta especialmente cuestionable que estos gastos se acumulen en plena crisis estructural de la sanidad madrileña, donde centros de salud saturados, listas de espera eternas y profesionales bajo presión son el pan de cada día. Mientras médicos y enfermeros exigen recursos para mejorar las condiciones del sistema, la Directora General opta por derivar sus tickets de parking al bolsillo de todos los contribuyentes, normalizando una práctica que muchos consideran abuso de poder o privilegio institucionalizado.

¿Quién fiscaliza estos gastos?

El caso plantea preguntas incómodas:

• ¿Quién autoriza o valida que cada uno de estos desplazamientos tenga carácter protocolario?

• ¿Qué control existe sobre el número de reuniones y el tipo de gastos derivados?

• ¿Cuántos directivos públicos más están cargando peajes y parkings personales bajo este mismo concepto?

El silencio administrativo y la opacidad en este tipo de partidas son terreno fértil para el malestar ciudadano. La transparencia no puede consistir únicamente en publicar documentos, sino en explicar, justificar y dar ejemplo con cada euro que se destina desde el erario público.

Conclusión

Mientras muchos ciudadanos deben asumir el coste de su transporte para acudir al trabajo o a una cita médica, la cúpula sanitaria acumula facturas sin filtro aparente y las etiqueta como “gasto protocolario”, sin mayores consecuencias. Un modelo que cuestiona no solo el uso de los recursos públicos, sino el compromiso ético de quienes los administran. La confianza institucional no se mide solo por resultados médicos, sino también por la ejemplaridad de quienes están al frente. Y en este caso, parece que esa confianza también está en revisión.