Ayuso clava 73.766 euros de multa a a la gestora de las autopistas radiales por graves fallos
La Comunidad de Madrid ha hecho pública una sanción firme contra la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre (SEITT), empresa dependiente del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, por una infracción muy grave en materia de prevención de riesgos laborales. La resolución, publicada en el Boletín Oficial regional, demuestra que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso no ha pasado por alto un incumplimiento grave en seguridad laboral, aun tratándose de una sociedad estatal bajo control del Ministerio de Oscar Puente.
La Dirección General de Trabajo autonómica ha impuesto a SEITT una multa de 73.766 euros por no garantizar que los trabajadores y empresas que operaban en uno de sus centros recibieran la información y las instrucciones obligatorias sobre riesgos laborales en actividades especialmente peligrosas, concretamente trabajos en proximidad de líneas eléctricas de alta tensión. La infracción está calificada como muy grave por la legislación laboral española y la sanción es firme desde el 15 de noviembre de 2025.
Conforme a la normativa vigente, la Comunidad de Madrid ha ordenado la publicación obligatoria de la sanción, un mecanismo reservado exclusivamente a los casos de mayor gravedad. El mensaje institucional es inequívoco: Madrid no mira hacia otro lado cuando está en juego la seguridad de los trabajadores, incluso si la empresa infractora pertenece al propio Estado.
SEITT es la sociedad pública encargada de gestionar las autopistas de peaje revertidas al Estado tras su fracaso financiero, incluyendo infraestructuras estratégicas en Madrid como las radiales R2, R3, R4, R5 y la M-12. Su actividad se desarrolla en entornos donde la prevención de riesgos laborales debería ser una prioridad absoluta, lo que hace aún más llamativa la sanción impuesta.
La dirección general de SEITT está en manos de Juan Manuel Serrano, un alto cargo de larga trayectoria en empresas públicas y en la estructura política del actual Gobierno. Serrano fue presidente de Correos durante varios años y ha ocupado responsabilidades de relevancia en el entorno institucional de La Moncloa. Su perfil es el de un directivo estrechamente vinculado al núcleo político del Ejecutivo de Pedro Sánchez, lo que otorga a esta sanción un evidente componente de responsabilidad pública.
En los últimos meses, su nombre ha aparecido en debates y controversias mediáticas relacionadas con la gestión de empresas estatales, sin que estas cuestiones guarden relación directa con el expediente sancionador ahora publicado. A ello se suma su conocida vinculación familiar con Isaura Leal, quien ha ocupado la presidencia del PSOE de Madrid, un dato que refuerza la dimensión política de su figura en el entramado institucional.
Cuando una empresa pública que gestiona infraestructuras críticas es sancionada por una infracción muy grave en seguridad laboral, la cuestión trasciende lo administrativo y plantea interrogantes sobre los controles internos y la supervisión ministerial. La Comunidad de Madrid ha actuado: ha investigado, ha sancionado y ha publicado. Ahora corresponde a los responsables de la empresa estatal y al Ministerio de Transportes explicar cómo se produjo este incumplimiento y qué medidas se adoptarán para que no vuelva a repetirse.