Ayuso se deja 200.000 euros en vigilancia 24 horas de la Ciudad "fantasma de la Justicia
La Comunidad de Madrid, a través del Consorcio Regional de Transportes, ha adjudicado un contrato de 212.435,15 euros para la prestación de servicios de seguridad sin armas en el recién inaugurado Intercambiador de Transportes de Valdebebas, una infraestructura clave en la estrategia de movilidad del gobierno de Isabel Díaz Ayuso.
Seguridad privada 24/7 en una zona aún en desarrollo
El servicio de vigilancia se aplicará las 24 horas del día, los 7 días de la semana, en un entorno todavía en proceso de consolidación urbanística. El intercambiador está situado en la confluencia entre la Avenida de las Fuerzas Armadas y la Calle Juan Antonio Samaranch, justo al lado del proyecto de la futura Ciudad de la Justicia, otro de los grandes desarrollos impulsados por la Comunidad.
Aunque la zona aún no alcanza su plena actividad, el contrato contempla una presencia constante de personal de seguridad, lo que ha llamado la atención tanto por su coste como por su duración.
¿Prevención o gasto excesivo?
El contrato, tramitado por el Organismo Autónomo Consorcio Regional de Transportes Regulares de Madrid, ha sido adjudicado para reforzar la seguridad perimetral del intercambiador. No obstante, algunos sectores ya han comenzado a cuestionar la idoneidad del gasto, considerando que el servicio se presta en una infraestructura con un flujo aún limitado de usuarios y cuya zona de influencia aún está en desarrollo.
Otros argumentan que, al estar junto a la futura Ciudad de la Justicia y en un área estratégica de crecimiento, la seguridad permanente es una medida lógica de prevención.
Una infraestructura bajo la lupa
El Intercambiador de Valdebebas forma parte del plan regional de transporte público para dar servicio a los nuevos desarrollos urbanísticos del noreste madrileño. Aunque su potencial es alto, de momento su uso es todavía moderado, lo que vuelve a poner el foco en los costes de mantenimiento y operativa que asume la administración mientras la infraestructura no está a pleno rendimiento.
Este contrato de seguridad se suma a otros gastos recientes en la zona, generando cierto debate sobre la priorización del gasto público en infraestructuras aún infrautilizadas.