La condena a cárcel de Alfredo Prada cierra el círculo de corrupción del gobierno de Esperanza Aguirre
La reciente condena de Alfredo Prada, exvicepresidente de la Comunidad de Madrid bajo el gobierno de Esperanza Aguirre, confirma una constante en su legado: la corrupción sistémica que impregnó su gestión. Prada, responsable del fallido proyecto del Campus de la Justicia, se suma a una larga lista de altos cargos de su gobierno que han sido procesados, condenados o que se encuentran en prisión.
La expresidenta madrileña ha mantenido un discurso de ética política mientras la mayoría de sus colaboradores han caído en desgracia. Incluso llegó a decir que alguno le había salido rana, pero la lista llegó a ser tan alta que la denominaron "la domadora de ranas". Sin embargo, su figura sigue sin verse directamente salpicada, a pesar de que resulta inconcebible que decisiones de tal calado se tomaran sin su aprobación o al menos su conocimiento. En la Puerta del Sol, sede de la Comunidad de Madrid, era vox populi que "nada se movía sin su consentimiento".
Aguirre ha intentado desmarcarse de la corrupción de su partido y de su equipo, pero la realidad de los hechos la contradice. La lista de cargos implicados es extensa: Francisco Granados, exconsejero de Presidencia, condenado por el caso Púnica; Ignacio González, sucesor de Aguirre en la Comunidad de Madrid, investigado y encarcelado por el caso Lezo; Alberto López Viejo, exconsejero de Deportes, condenado por el caso Gürtel; Manuel Lamela, exconsejero de Sanidad, investigado por adjudicaciones irregulares; Lucía Figar, exconsejera de Educación, implicada en el caso Púnica; y Salvador Victoria, exconsejero de Presidencia, también implicado en la trama Púnica. A estos nombres hay que sumar la condena confirmada para Alfredo Prada, exvicepresidente, y muchos otros alcaldes y altos cargos de su administración, lo que refuerza la idea de que la corrupción no era un hecho aislado, sino un modus operandi dentro del gobierno de Aguirre.
El Partido Popular ha optado por alejarse de la figura de Aguirre, que antaño era su gran referente. Hoy en día, ni Feijóo ni la dirección nacional la mencionan, salvo Isabel Díaz Ayuso, quien se considera su alumna aventajada y sigue una estrategia similar de confrontación y populismo.
Sin embargo, los tiempos han cambiado. Cada vez menos personas están dispuestas a cargar con culpas ajenas para proteger a sus superiores políticos. El caso de Salomé Pradas, que no es aforada, o la negativa de un exconsejero de políticas sociales de Ayuso y un director general a asumir responsabilidades por decisiones políticas en las residencias durante la pandemia, o un subdirector general de Formación
Profesional que no está dispuesto a cargar con las culpas de trocear contratos, reflejan un nuevo contexto donde la impunidad ya no es garantía.
La caída de Prada marca un nuevo capítulo en el deterioro del legado de Aguirre, quien, lejos de asumir su responsabilidad, sigue dando lecciones de gestión política mientras la mayoría de su gobierno está condenada o en prisión. Un triste epílogo para quien un día se presentó como adalid de la transparencia y la buena gestión.