El desgaste de Rocío García Alcántara pone en duda su futuro electoral en Alcobendas
La alcaldesa de Alcobendas, Rocío García Alcántara, encara la recta final del mandato rodeada de polémicas que han erosionado de forma notable su perfil político y han abierto un debate real dentro del Partido Popular sobre su continuidad como candidata en las próximas elecciones municipales. El incremento de sus ingresos, el malestar creciente en zonas clave del municipio como La Moraleja y las tensiones internas en su propio partido configuran un escenario de desgaste que ya no se oculta ni en ámbitos políticos ni mediáticos.
Uno de los principales focos de crítica se sitúa en la evolución de sus retribuciones, tras conocerse que en 2025 habría superado los 103.000 euros brutos anuales, una cifra muy por encima del salario base municipal, fijado en torno a los 82.000 euros. La diferencia se explica por la acumulación de dietas derivadas de su presencia en consejos de administración de empresas públicas municipales, como EMVIALSA, EMARSA, SOGEPIMA o SEROMAL. Este sistema, legal pero controvertido, ha sido señalado por la oposición como un mecanismo que permite elevar de forma significativa la remuneración total. El debate ha trascendido lo administrativo para situarse en el terreno político donde resulta injustificable este nivel de ingresos en un contexto de alta presión fiscal sobre los vecinos.
En paralelo, el malestar vecinal ha ido en aumento, con la tasa de basuras como principal detonante. No solo en el casco, en zonas como La Moraleja y El Soto residentes y asociaciones denuncian una doble imposición, al tener que afrontar este tributo pese a asumir de forma privada servicios de recogida, mantenimiento y seguridad. Las protestas han sido visibles y sostenidas en el tiempo, con la participación de Vox, que ha aprovechado el conflicto para intensificar la presión sobre el gobierno municipal. A este frente se suman críticas por el estado de algunas urbanizaciones y la sensación de abandono institucional, lo que ha ampliado el descontento más allá de la cuestión fiscal.
El desgaste no se limita al ámbito ciudadano. Dentro del propio Partido Popular se reconocen tensiones internas, con un grupo municipal marcado por la falta de cohesión y la existencia de rivalidades que debilitan la acción de gobierno, lo que refuerza la percepción de aislamiento político de la alcaldesa. Aunque no hay pronunciamientos oficiales, en ámbitos internos se da por abierto el debate sobre su continuidad como cabeza de lista.
Otro elemento que ha intensificado las críticas es la decisión de fijar su residencia fuera del municipio, trasladándose a Madrid. Más allá de su legalidad, este hecho ha sido interpretado como un símbolo de desconexión con la realidad diaria de Alcobendas, un argumento utilizado por sus detractores.
La acumulación de controversias ha tenido un claro reflejo en el ámbito mediático, donde la figura de Rocío García Alcántara ha pasado en pocos meses de representar una apuesta de renovación a convertirse en un foco recurrente de polémica. Informaciones sobre sus ingresos, su patrimonio y su gestión han contribuido a consolidar un relato crítico, mientras desde su entorno se denuncia una sobredimensión interesada de estas cuestiones. El resultado es una exposición constante que ha deteriorado su imagen pública y ha amplificado el desgaste político.
A un año de las elecciones municipales, el escenario es incierto. La alcaldesa llega debilitada, con frentes abiertos en el ámbito social, político y mediático, y con dudas crecientes sobre su capacidad para mantener el respaldo electoral. En el Partido Popular son conscientes de la importancia estratégica de Alcobendas, por lo que la decisión sobre su candidatura tendrá un fuerte componente electoral. La cuestión ya no es si existe desgaste, sino si este es reversible o si el partido optará por un relevo para contener la pérdida de apoyo.