El Gobierno vigila tus cuentas, tus tarjetas y tus movimientos económicos... y PP y VOX callan
El Real Decreto 253/2025, aprobado el 1 de abril, supone un ataque frontal a la libertad de movimientos económicos de todos los ciudadanos. Lo que se vende como una medida técnica contra el fraude es, en realidad, la mayor operación de control financiero masivo jamás emprendida por un gobierno democrático en España. Y lo peor: ni el PP ni VOX han mostrado oposición real a esta deriva autoritaria.
Este decreto convierte a todos los ciudadanos en sospechosos por defecto. A partir de ahora, entidades bancarias, emisoras de tarjetas y plataformas de pago deberán informar cada mes a Hacienda sobre tus cuentas, tus tarjetas y tus operaciones, sin umbrales mínimos y con un nivel de detalle invasivo. No se trata de grandes fortunas ni de evasores sofisticados: cualquier cuenta, cualquier tarjeta, cualquier movimiento, por pequeño que sea, queda bajo la lupa del Estado.
Se exige informar mensualmente sobre titulares reales, representantes, saldos, ingresos, gastos, retiradas en efectivo, movimientos por tarjeta, cuentas vinculadas, datos personales y bancarios. La Agencia Tributaria podrá saber, cada mes, cuánto tienes, cómo lo gastas, dónde lo usas y qué tipo de tarjeta usas. Es un sistema de vigilancia financiera masiva, sin precedentes, sin debate y sin límite.
El Gobierno dice que es proporcional. Mentira. No hay ni un solo estudio serio que justifique la carga administrativa y económica impuesta a bancos, fintech, comercios y ciudadanos. Transformar obligaciones anuales en mensuales, eliminar umbrales, exigir todos los datos sin filtro ni contexto es una desproporción escandalosa.
También se obliga a las guarderías a reportar datos detallados de los menores, de sus progenitores, las mensualidades, las subvenciones y la autorización del centro. El nivel de microcontrol al que se está llegando roza lo distópico.
Para más gravedad, los conceptos usados en el decreto son deliberadamente amplios y confusos. “Todo tipo de cuentas”, “cualquier tipo de tarjeta”. Sin definiciones, sin claridad jurídica. Se extienden estas obligaciones incluso a entidades extranjeras que operan en España, sin garantías de cumplimiento ni de coordinación internacional. El resultado será más inseguridad jurídica, más costes, más caos.
¿Y dónde están los partidos de la oposición? ¿Dónde están quienes prometieron defender las libertades individuales, la propiedad privada y el derecho a la intimidad financiera? Ni PP ni VOX han planteado un recurso, una derogación, ni una crítica seria. Silencio. Colaboración por omisión.
Este decreto no es una medida fiscal. Es una herramienta de control masivo. Bajo la excusa de perseguir el fraude, se está instaurando un sistema de supervisión total del capital de todos los ciudadanos, sin distinción, sin medida, sin proporcionalidad.
¿Qué queda del derecho a disponer libremente de tu dinero, si el Estado lo vigila todo, lo sabe todo y lo exige todo?
El Real Decreto 253/2025 debe ser derogado con urgencia. Representa un modelo de control económico absoluto que degrada las bases de una sociedad libre. No hay democracia si el Estado puede controlar cada euro que entra o sale de tus cuentas. No hay libertad si cada gasto menor se convierte en un dato más dentro del gran panóptico financiero estatal.
Es hora de decir basta. Basta de vigilancia preventiva. Basta de castigar al ciudadano desde la administración.