Marlaska destina 60.000 euros para peluqueros que den servicio a la Comandancia de la Guardia Civil de Tres Cantos
El Ministerio del Interior ha destinado 60.000 euros a la prestación del servicio de peluquería en la Jefatura de la Comandancia de la Guardia Civil en Madrid, ubicada en Tres Cantos. El contrato, según el pliego oficial al que ha tenido acceso este medio, incluye la explotación del servicio durante 12 meses en dependencias ya acondicionadas para ello, con un horario mínimo de 6 horas diarias de lunes a viernes y atención garantizada tanto en turno de mañana como de tarde.
La noticia, que ya empieza a circular por redes y foros, ha despertado reacciones encontradas. Para algunos, se trata de un gasto innecesario o difícil de justificar. Para otros, es una inversión funcional en un entorno donde la imagen y el aspecto personal tienen su importancia operativa y simbólica.
¿Qué incluye este contrato de peluquería por 60.000 euros?
El documento oficial detalla con precisión los requisitos y obligaciones del adjudicatario. No se trata de un simple acuerdo para cortar el pelo: la empresa deberá prestar un servicio continuo, con productos y utensilios propios, hacerse cargo del mantenimiento y limpieza del espacio, y cumplir con las normativas laborales, fiscales y de higiene.
También debe ofrecer una carta de servicios, precios aprobados por la Comandancia, y garantizar la sustitución del personal en caso de baja. Además, tiene permitido publicitar sus servicios dentro de la instalación y atender a usuarios particulares —lo que indica que podría generar ingresos propios dentro del acuartelamiento—.
En resumen: no se está pagando 60.000 euros por cortes de pelo al uso, sino por la explotación completa de un servicio gestionado externamente, bajo normas estrictas y con posibilidad de amortizar el contrato mediante tarifas a usuarios.
¿Es comparable a un “lujo” en la Administración?
Si se compara con lo que podría costar una peluquería en una empresa privada de tamaño medio con atención diaria, mantenimiento de equipos, productos, licencias, seguros y personal cualificado, la cifra no resulta tan desproporcionada.
Además, el contrato no incluye reformas estructurales ni gastos fijos como electricidad, calefacción o agua: esas instalaciones ya existen en la Comandancia y se ceden para este uso específico, como ocurre en otras unidades del Estado.
Este tipo de concesiones no son exclusivas de la Guardia Civil. También se han documentado contratos similares en otras administraciones, fuerzas armadas e incluso organismos judiciales, donde ciertos servicios de bienestar son considerados parte del funcionamiento interno.
La cuestión de fondo: ¿es necesario?
Lo que sí parece claro es que el contrato ha tocado una fibra sensible. En tiempos donde se revisa cada euro de gasto público, partidas como esta generan titulares llamativos y, a menudo, lecturas simplificadas.
¿Es este servicio un privilegio? ¿Un recurso práctico? ¿Un ejemplo de gasto superfluo? Las respuestas dependen de la óptica desde la que se mire. Desde Interior argumentan que se trata de un contrato legal, útil, funcional y habitual en este tipo de instalaciones, especialmente en lugares donde cientos de agentes trabajan a diario y no pueden desplazarse fácilmente para necesidades personales básicas.
¿Qué dice la letra pequeña?
El adjudicatario deberá prestar el servicio con profesionales cualificados, asumir los gastos de productos, utensilios, seguros, salarios y Seguridad Social. A cambio, podrá explotar el local durante el año de vigencia del contrato, con posibilidad de renovación o rescisión anticipada si no se cumplen los estándares.
El precio estimado —60.000 euros anuales— incluye todos esos costes y gestiones, por lo que no se puede considerar como “gasto puro” del Estado, sino como una concesión regulada con contraprestaciones incluidas.