La alcaldesa de Villalba destina casi 500.000 euros para un "punto de atención" para la violencia de género
El Ayuntamiento de Collado Villalba ha licitado un contrato por valor de 472.837,40 euros para la gestión del Punto Municipal del Observatorio Regional de la Violencia de Género (PMORVG). Un importe que ha generado inquietud en algunos sectores ciudadanos, que se preguntan si esta elevada inversión realmente se traduce en beneficios tangibles o si encubre una estructura burocrática de gasto difícil de fiscalizar.
Un contrato dividido en cuatro lotes
El contrato contempla cuatro servicios especializados: atención social, asesoría jurídica, asistencia psicológica para mujeres y asistencia psicológica infanto-juvenil. Cada uno con su propio horario, requisitos profesionales y carga de trabajo semanal. Pero la pregunta que muchos vecinos se hacen es: ¿realmente se necesita tanto personal y tantos recursos para un municipio con una población inferior a los 70.000 habitantes?
La opacidad como telón de fondo
Aunque el contrato detalla de forma exhaustiva las tareas, horarios, sanciones y mecanismos de coordinación, no hay datos públicos sobre el número real de usuarias atendidas, los resultados de las intervenciones o el impacto social del programa. Se habla de informes semestrales, memorias cualitativas y cuantitativas, pero ninguno de estos documentos se hace público ni está al alcance del ciudadano medio.
Es decir, se destinan casi medio millón de euros en servicios cuya eficacia no puede comprobarse de forma independiente. Y aunque el objetivo de erradicar la violencia de género es incuestionable, la falta de transparencia en el uso del dinero público es, cuanto menos, preocupante.
¿Servicios necesarios o externalización estructural?
Otro aspecto controvertido es que el Ayuntamiento no contrata directamente al personal. Todo se gestiona a través de una entidad adjudicataria que asume la contratación, supervisión y cobertura de los profesionales. Esto abre la puerta a un modelo de subcontratación permanente, donde se pierde el control público directo sobre los servicios, mientras el coste sigue creciendo.
¿No sería más eficiente invertir en recursos municipales permanentes, con personal funcionario y con supervisión directa desde el consistorio?
¿Política social o discurso blindado?
El contrato está amparado por la Comunidad de Madrid y el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, lo que lo convierte automáticamente en una iniciativa difícil de criticar sin levantar suspicacias. Pero precisamente por tratarse de un asunto tan delicado y con tanto respaldo institucional, debería exigirse el doble de transparencia y control.
¿Y los resultados?
Sin cifras claras de cuántas mujeres han sido atendidas, cuántos casos se han resuelto o cuántas vidas han mejorado gracias a esta inversión, es legítimo preguntarse si el Ayuntamiento de Collado Villalba está priorizando la imagen política sobre la eficacia real.
Conclusión provisional
La lucha contra la violencia de género es esencial. Pero eso no puede justificar que se destinen casi medio millón de euros públicos sin que la ciudadanía tenga acceso a datos verificables, indicadores de impacto o auditorías externas. La verdadera defensa de los derechos de las mujeres empieza también por exigir transparencia, eficiencia y rendición de cuentas a las administraciones públicas.