Se da de baja de Orange porque le cobran de más y le pasan la factura por irse: "11 euros más aparte"
La relación entre usuarios y operadoras en España continúa generando polémicas, y Orange vuelve a estar en el centro de las críticas. Un cliente ha denunciado públicamente una experiencia frustrante tras ser cobrado de más, y además, recibir un cargo adicional por solicitar la baja del servicio. La indignación ha crecido al considerar que la información ofrecida en tienda era engañosa, y que la compañía no mostró voluntad de resolver el problema.
Cobros extra y penalización al darse de baja
El usuario explica que detectó cargos indebidos en su factura, y al tomar la decisión de darse de baja del servicio, Orange le aplicó un recargo de 11 euros adicionales.
“Me cobraron de más y por darme de baja me cobran 11 euros más aparte”, denuncia.
Una situación que, lejos de solucionarse, se agrava por la falta de transparencia en los canales de atención y por promesas incumplidas en el punto de venta.
“Increíble cómo mienten en tienda”, añade, dejando claro que la información recibida durante la contratación no se ajustaba a la realidad del contrato.
“La peor empresa de todas”
La crítica no se limita al incidente puntual. El cliente lanza una valoración general muy dura contra la operadora:
“La peor empresa de todas, y no es que las demás sean buenas, pero aquí se esfuerzan por ser malos”.
Una frase que refleja el nivel de frustración de muchos consumidores, que sienten que el servicio posventa y la atención al cliente no están a la altura de lo que se espera en un sector tan competitivo.
Una crítica que no es aislada
Casos como este no son excepcionales. Las redes sociales y foros de consumidores están llenos de quejas similares contra Orange y otras operadoras, con cargos inesperados, dificultades para tramitar bajas, falta de respuesta efectiva y promesas comerciales incumplidas.
Estas experiencias vuelven a abrir el debate sobre la necesidad de mayor regulación en la transparencia comercial y en los procesos de baja, así como la obligación de respetar los derechos del consumidor sin penalizaciones abusivas.