Dan un tirón de orejas al Ayuntamiento de Pinto por usar las redes y dinero público para el autobombo político
El uso de recursos públicos para la autopromoción política vuelve a estar en el punto de mira. El Defensor del Pueblo ha emitido una resolución que afecta a todos los ayuntamientos de España, instando a la aprobación de normas reguladoras para los medios de difusión de información municipal, con el fin de garantizar que las publicaciones se ajusten a la normativa vigente y respeten principios de pluralidad, transparencia y neutralidad. Esta resolución surge tras una denuncia presentada por Más Madrid Pinto, que acusaba al gobierno local de difundir “versiones sesgadas y favorables a la gestión del partido que gobierna” a través de redes sociales y la revista municipal Defensor del Pueblo.
El caso de Pinto no es aislado. En toda la Comunidad de Madrid —y también en muchas otras regiones— los medios de comunicación institucionales se han convertido en altavoces del poder municipal, difuminando la línea entre la información pública y la propaganda partidista. Lo que nació como una herramienta para acercar la gestión al ciudadano se ha transformado, en muchos casos, en un instrumento de autopromoción financiado con dinero de todos.
La advertencia del Defensor del Pueblo es clara: los canales institucionales deben respetar los principios de neutralidad, pluralidad y servicio público. En su informe remitido al Ayuntamiento de Pinto, recuerda que “la comunicación institucional no puede confundirse con la comunicación política” y que las redes y publicaciones municipales deben ofrecer información de interés general, no “relatos propagandísticos sobre la acción de gobierno”.
La denuncia de Más Madrid Pinto señalaba que las publicaciones en redes sociales del consistorio “eliminaban sistemáticamente las menciones a iniciativas de la oposición” y presentaban como logros propios actuaciones que habían sido aprobadas por consenso. También se cuestiona la falta de acceso de los grupos municipales a los canales oficiales y el uso de fondos públicos en campañas con un claro sesgo partidista.
Pero Pinto es solo la punta del iceberg. En el Ayuntamiento de Madrid, ya lo denunció el candidato de Podemos, Roberto Sotomayor, que José Luis Martínez-Almeida utilizabadinero público “para hacer propaganda y tapar el abandono de los barrios”, señalando que los contratos de publicidad institucional favorecían a medios afines al PP mientras se ignoraba a los críticos. Una acusación que enlaza con otra denuncia más amplia, firmada por los medios infoLibre, La Marea, El Salto, Carne Cruda y CTXT, que reclamaron públicamente que tanto la Comunidad de Madrid como el Ayuntamiento de la capital reparten la publicidad institucional de forma arbitraria, ideológica y discriminatoria, beneficiando a la prensa cercana al poder y castigando a los medios independientes.
El problema, según expertos en comunicación pública, radica en la ausencia de controles efectivos y de órganos fiscalizadores independientes. Los departamentos de prensa municipales suelen depender directamente de la Alcaldía, lo que facilita la confusión entre comunicación institucional y comunicación política. “No hay un marco claro que distinga la información de interés público de la propaganda. El resultado es que muchos ayuntamientos utilizan los boletines, revistas o redes para construir su relato político y neutralizar la crítica”, explica un especialista en comunicación local consultado.
Las ingentes cantidades de dinero invertidas en publicidad institucional refuerzan la polémica. En los últimos años, algunos municipios y gobiernos regionales han multiplicado su presupuesto de comunicación sin criterios de pluralidad ni mecanismos de fiscalización externa. Asociaciones vecinales y colectivos ciudadanos denuncian que se prioriza la imagen del alcalde o del partido gobernante por encima del derecho ciudadano a recibir información veraz y completa.
El caso de Pinto ha servido como aviso institucional. El Defensor del Pueblo no solo pide transparencia, sino también la creación de protocolos que garanticen la participación de todos los grupos municipales en las publicaciones oficiales y que se separen las cuentas institucionales de las personales o partidistas. Se trata, dice el informe, de preservar la confianza en las instituciones y evitar que los recursos públicos sean “arma política al servicio del poder”.
La respuesta del gobierno local de Pinto ha sido prudente, aunque desde la oposición se considera insuficiente. “No basta con prometer neutralidad, hay que demostrarla. No puede haber comunicación pública sin pluralidad ni rendición de cuentas”, subraya la portavoz de Más Madrid en Pinto.
En una era en la que la información se convierte en poder, los ayuntamientos y gobiernos deben ser ejemplo de transparencia y no de propaganda. Lo contrario erosiona la credibilidad democrática y convierte los medios municipales en escaparates de partido. Porque cuando la comunicación institucional se pone al servicio del que gobierna, deja de ser pública y pasa a ser propaganda.