Se queja de Movistar Prosegur Alarmas: “Pagar 800 euros por irte es una trampa”
La experiencia de algunos clientes con Movistar Prosegur Alarmas vuelve a generar polémica. En esta ocasión, una queja reciente pone el foco en lo que muchos usuarios describen como una combinación de falta de transparencia comercial, penalizaciones económicas elevadas y un servicio que no responde cuando más se necesita.
Según relata el afectado, la contratación del servicio se realizó bajo unas condiciones que, con el paso del tiempo, no se han correspondido con lo prometido. “Dicen lo que quieres escuchar para que contrates”, asegura, señalando que ni los precios finales ni las prestaciones reales coinciden con lo que se le explicó en un primer momento. Una situación que, según afirma, solo se descubre cuando el cliente ya está dentro del contrato.
El principal problema aparece al intentar darse de baja. Tras más de un año como cliente, el usuario se ha encontrado con una penalización de 800 euros si decide cancelar el servicio, una cifra que califica como “abusiva” y que considera desproporcionada para el tiempo transcurrido desde la contratación. Esta situación, asegura, convierte la baja en una auténtica trampa económica para muchos clientes que simplemente quieren dejar el servicio.
A esto se suma un episodio especialmente delicado: tras sufrir un robo, el cliente solicitó un fragmento de vídeo del sistema de videovigilancia para poder presentar una denuncia. Según su testimonio, desde la compañía le comunicaron que esa gestión no era posible. “¿Entonces para qué estoy pagando?”, se pregunta, mostrando su frustración por no poder acceder a un contenido que considera esencial en una situación de este tipo.
El afectado define su experiencia como “nefasta” y asegura sentirse “totalmente estafado”, llegando a recomendar públicamente que otros usuarios no contraten el servicio. Su caso pone de nuevo sobre la mesa una de las principales críticas que rodean a los contratos de alarmas: la dificultad para cancelar el servicio, las penalizaciones económicas y la falta de claridad en las condiciones reales.
Este tipo de testimonios vuelven a abrir el debate sobre la necesidad de una mayor transparencia en los contratos de seguridad privada, especialmente en servicios que se venden como protección y tranquilidad para el hogar, pero que, según algunos usuarios, acaban generando más problemas que soluciones.
Como siempre, desde las asociaciones de consumidores se recomienda leer con detenimiento las condiciones de permanencia, solicitar por escrito toda la información comercial y conservar cualquier comunicación antes de firmar un contrato de este tipo.