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La alcaldesa de Pozuelo ha "colocado" a la hija del juez Peinado en cuatro puestos distintos en menos de dos años

Patricia Peinado
Patricia Peinado

La política municipal de Pozuelo de Alarcón atraviesa una inesperada marejada interna que ha situado en el centro del foco a la hija del juez Juan Carlos Peinado, y ha puesto de manifiesto, una vez más, la siempre controvertida figura de los "eventuales": el personal de confianza de libre designación en la administración pública.

La gestión de la alcaldesa popular, Paloma Tejero, no solo parece haber generado tensiones en su equipo, sino que también ha provocado un visible malestar en la sede nacional del PP, en Génova, donde se cuestiona la oportunidad y el manejo de la situación por parte de la regidora en un momento políticamente muy sensible.

El epicentro de la polémica reside en la notablemente cambiante trayectoria de la hija del juez Peinado bajo el gobierno de Tejero: en apenas 16 meses (desde junio de 2023), ha ocupado cuatro puestos distintos, transitando por áreas como Zona Norte, Estación, Fiestas Patronales y Deportes. La última remodelación del gobierno local la despojó de las competencias de Fiestas para reubicarla en el Distrito de Somosaguas –un puesto que fuentes municipales describen como carente de responsabilidades ejecutivas claras–, movimiento que ha sido ampliamente interpretado en el municipio como una degradación y la evidencia de una crisis latente en el ejecutivo de Tejero.

Lo que ha disparado la incomodidad en la cúpula del PP es la inoportuna coincidencia temporal de esta maniobra municipal con el momento en que el Juez Peinado intensifica su investigación sobre Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno. Precisamente, una de las líneas de investigación del magistrado se centra en la figura de los asesores y el uso de recursos públicos.

En este delicado contexto, el hecho de que la alcaldesa de Pozuelo haya aireado una crisis interna que afecta directamente a la hija del juez, relegándola a un puesto de menor visibilidad y, según se comenta en fuentes políticas, poniendo incluso a un asesor 'eventual' a su disposición en su nuevo destino sin funciones claras, ha causado profundo malestar en Génova. Fuentes del partido no dudan en calificar la gestión de Tejero no solo como una "notable falta de tacto", sino como una torpeza política que, lejos de ayudar, ensombrece y debilita la posición del PP en su ofensiva contra el Gobierno por asuntos similares. Algunos, con cierta sorna, apostillan que esta situación quizás sirva para que el propio Juez Peinado comprenda de primera mano la naturaleza de estos cargos de libre designación de los que disfrutan los políticos, incluida ahora su propia hija.

Este episodio en Pozuelo ha resucitado, casi inevitablemente, comparaciones con prácticas pasadas dentro del propio Partido Popular, dando alas a la acusación de hipocresía esgrimida por el PSOE. Los socialistas no han tardado en recordar cómo el PP critica ahora la figura de la asesora de Begoña Gómez mientras parece olvidar los privilegios de los que gozaron las esposas de sus propios presidentes.

El caso de Cristina Alonso Mateo, la "inseparable" asesora de Ana Botella, resulta paradigmático. Ligada al matrimonio Aznar-Botella desde 1989, Alonso acompañó a Botella durante sus años en Moncloa, gestionando sus asuntos desde despachos oficiales y con cargo a recursos públicos, sin que ello generara críticas. Su carrera continuó vinculada a Botella en el Ayuntamiento de Madrid y, posteriormente, fue recolocada en el Ministerio de Industria bajo José Manuel Soria.

Lejos de desvanecerse, Alonso disfruta hoy de un puesto de confianza como Técnico de Apoyo a la Secretaría de la Presidenta Isabel Díaz Ayuso, con un sueldo público cercano a los 70.000 euros, manteniendo, según se dice, su estrecho vínculo con Botella.

Tampoco Elvira Fernández, esposa de Mariano Rajoy, estuvo exenta de apoyo con cargo al erario. Aunque más discreta, contó con asesores. El caso más notorio fue el de Jaime de los Santos, quien ejerció funciones tan particulares como las de "personal shopper". Lejos de ser un impedimento, este rol pareció servirle de trampolín: ascendió a cargos relevantes en la

Comunidad de Madrid y actualmente ocupa un escaño de diputado en el Congreso, siempre amparado por el entorno de Rajoy, del que también forma parte el actual líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

Como señaló recientemente el ministro Óscar López en el Congreso, el PP "no está en posición de criticar lo que ellos mismos hicieron". Las esposas de Aznar y Rajoy contaron con estructuras y asesores pagados con fondos públicos, y esas personas, como Cristina Alonso, han seguido prosperando en distintas posiciones dentro del partido y las administraciones que gobierna.

La situación en Pozuelo, con el errático recorrido de la hija del Juez Peinado y la siempre presente polémica sobre los "eventuales", actúa así como un espejo incómodo para el Partido Popular. Mientras la formación se rasga las vestiduras por la asesora de Begoña Gómez, la gestión de sus propios cargos de confianza y las redes de influencia tejidas exponen, según sus críticos, una profunda incoherencia y un doble rasero difícilmente justificable. Antes de lanzar acusaciones, quizás deberían dirigir la mirada hacia sus propias filas y explicar por qué prácticas que hoy denuncian fueron, y parecen seguir siendo, moneda corriente en casa.