Almeida lanza un contrato "bajo manga" para instalar en la M-30 más de cien cámaras para multar por el distintivo ambiental del coche
El Ayuntamiento de Madrid ha puesto en marcha un ambicioso proyecto para instalar un sistema automatizado de cámaras de reconocimiento de matrículas en todos los accesos al anillo interior de la M-30, con un coste millonario y una infraestructura tecnológica sin precedentes en la ciudad. La medida, que se justifica por motivos medioambientales y de gestión de la movilidad, plantea serias dudas sobre su proporcionalidad, eficacia y respeto a los derechos ciudadanos.
Un proyecto multimillonario con recursos públicos
El contrato, adjudicado mediante licitación abierta, contempla una inversión total que supera los 4 millones de euros, entre suministro, instalación, mantenimiento y gestión de la infraestructura. En total, se desplegarán 111 cámaras inteligentes, apoyadas en una red de fibra óptica de alta velocidad, servidores de procesamiento, almacenamiento redundante y sistemas de monitorización 24/7.
El proyecto incluye funcionalidades como:
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Reconocimiento automático de matrículas.
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Control del distintivo ambiental de los vehículos.
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Validación y tramitación de sanciones automatizadas.
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Comunicación con múltiples bases de datos (DGT, padrón, permisos de movilidad reducida…).
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Envío diario de remesas de denuncias al sistema municipal.
¿Medida ecológica o recaudatoria?
Desde el Ayuntamiento se enmarca esta medida dentro de la Estrategia Madrid 360, con el objetivo de restringir progresivamente la circulación de vehículos contaminantes. Sin embargo, la realidad que muchos vecinos temen es otra: el sistema sancionará de forma masiva a conductores que no hayan sido informados adecuadamente, o que simplemente no entiendan las complejas normas de acceso.
Además, aunque se argumenta que el sistema tiene fines ambientales, se automatiza todo el proceso de generación, validación y envío de multas, lo que podría convertir la medida en una herramienta de recaudación masiva más que de protección del aire.
Una vigilancia masiva con escasa supervisión ciudadana
El despliegue tecnológico descrito en el pliego contempla la recolección y cruce de datos sensibles: matrículas, ubicación, hora, tipo de vehículo, titularidad, padrón, e incluso el estado del seguro e ITV. Toda esta información se centraliza y se gestiona desde el Centro de Gestión de la Movilidad.
La integración con la Carpeta del Ciudadano, la sede electrónica, y los sistemas de mensajería del Ayuntamiento refuerzan la percepción de que este sistema no solo controla, sino que vigila al ciudadano en tiempo real. Aunque el documento menciona la adaptación al Esquema Nacional de Seguridad, no se detallan con claridad las garantías de privacidad ni los mecanismos de auditoría independientes.
¿Y la proporcionalidad?
Los sistemas automáticos de control del tráfico no son nuevos, pero la escala de este proyecto y la intensidad del cruce de datos suponen un salto cualitativo. ¿Es proporcionado controlar todos los accesos a la M-30 con cámaras inteligentes cuando ni siquiera existen alternativas de transporte público potentes en todos los barrios afectados? ¿Qué ocurre con los vehículos de trabajadores autónomos o pequeños transportistas sin distintivo que necesitan acceder al centro?
La respuesta parece ser: multa automática.
Conclusión: una ciudad más moderna, pero menos libre
No cabe duda de que la digitalización y la sostenibilidad son metas legítimas y necesarias. Pero cuando estos principios se aplican con métodos tecnocráticos, costosos y poco transparentes, el resultado puede ser el opuesto: una ciudad más vigilada, menos inclusiva y profundamente desigual.
El sistema de cámaras en la M-30 podría ser una oportunidad perdida si no se acompaña de una verdadera transformación del transporte público, una comunicación clara y masiva a la ciudadanía, y mecanismos de participación y control democrático.
Porque una ciudad verde no puede construirse con miedo y sanciones automáticas.
