Almeida premia a María Corina Machado con la Llave de Oro de Madrid sin sustento legal y con un reglamento aún sin aprobar
La entrega de la Llave de Oro de Madrid a María Corina Machado por parte del alcalde José Luis Martínez-Almeida no es un gesto institucional más. Es una decisión política que choca frontalmente con la legalidad vigente y que evidencia una forma de gobernar donde primero se decide y después se busca —o se construye— el encaje normativo.
Conviene despejar cualquier distracción. El debate no es sobre el merecimiento personal o político de Machado, sino sobre si el Ayuntamiento puede conceder esa distinción conforme a derecho. Y la respuesta, atendiendo al reglamento vigente, es clara: no.
El Reglamento de Protocolo de 1988 sigue en vigor y es inequívoco. La Llave de Oro está reservada exclusivamente a jefes de Estado extranjeros en visita de Estado. No existe margen interpretativo ni discrecionalidad. Para otras personalidades, el propio reglamento para estos casos contempla la figura de Visitante Ilustre.
María Corina Machado no es jefa de Estado ni se encuentra en visita de Estado. La concesión de la Llave de Oro no encaja en ninguno de los supuestos legales actuales. Es, por tanto, una decisión adoptada fuera del marco normativo vigente.
Ante esta limitación, el Ayuntamiento se apoya en el anteproyecto del nuevo Reglamento de Protocolo y Ceremonial. Un texto que introduce la posibilidad de ampliar la concesión a “altos dignatarios”. Pero ese reglamento no está aprobado, ni vigente, ni puede producir efectos jurídicos. Se encuentra en fase de alegaciones hasta el 29 de abril. Su aprobación definitiva está prevista para mayo y su tramitación en Pleno en junio. Aplicar una norma en trámite equivale a actuar sin cobertura legal, ya que el texto puede modificarse o incluso no aprobarse en los términos actuales. El propio Ayuntamiento justifica la reforma en la necesidad de mejorar la transparencia y evitar decisiones arbitrarias. Sin embargo, lo ocurrido evidencia lo contrario. Se ha utilizado una norma inexistente para legitimar una decisión previamente adoptada, ampliando de facto la discrecionalidad política sin respaldo jurídico.
Esto abre un escenario relevante desde el punto de vista legal. La entrega de la Llave de Oro podría ser objeto de impugnación en vía contencioso-administrativa por falta de cobertura normativa. Cualquier interesado con legitimación podría recurrir el acto administrativo alegando vulneración del principio de legalidad.
Si se produjera esa impugnación, podrían darse varias consecuencias:
• La anulación del acto administrativo, dejando sin efecto la concesión de la Llave de Oro.
• La revisión de oficio por nulidad de pleno derecho, si se considera que se ha prescindido total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido.
• Un reproche judicial por desviación de poder, si se acredita que se utilizó una norma en tramitación para justificar una decisión política previa.
• Un impacto reputacional e institucional, al evidenciar que la administración ha actuado al margen de su propia normativa.
Además, la ausencia de informes jurídicos públicos o de un expediente transparente sobre el acto de entrega del día 17 de mayo añade opacidad a una decisión que debería estar especialmente motivada. Sin expediente conocido, sin informes visibles y sin norma vigente que lo ampare, el acto queda jurídicamente expuesto.
No se trata de un caso aislado. La gestión de Almeida acumula episodios controvertidos en ámbitos como el entorno del Estadio Santiago Bernabéu, la movilidad o la fiscalidad municipal —como la tasa de basuras—, además de reproches judiciales en actuaciones anteriores relacionadas con el equipo de Manuela Carmena. El patrón se repite: decisiones políticas que se adelantan al marco legal.
El argumento de que el reglamento de 1988 está desfasado puede ser razonable. Pero mientras no sea sustituido por uno nuevo aprobado conforme al procedimiento legal es la única norma válida y de obligado cumplimiento. No existe margen para aplicar reglamentos futuros. La paradoja es evidente. Se pretende reforzar la seguridad jurídica ignorando la única norma vigente. Se invoca la transparencia mientras se adoptan decisiones sin respaldo normativo claro.
La entrega de la Llave de Oro a María Corina Machado podrá tener valor político o simbólico, pero carece de sustento legal en el momento en que se produce. Y eso sitúa al Ayuntamiento en una posición jurídicamente vulnerable. Porque la cuestión de fondo es simple. Cuando una administración actúa al margen de la ley, el problema no es solo el acto concreto, sino el precedente que establece. Y ese precedente apunta a una preocupante normalización de la arbitrariedad institucional.
