Una concejal de Almeida se deja 200.000 euros de los "fondos COVID" en modernizar los comercios chinos de Usera
El Área de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid ha activado un contrato por procedimiento urgente para la “formación en competencias para la transformación digital del comercio” en el distrito de Usera-Chinatown. El importe de la licitación asciende a 198.500 euros, y está financiado con los conocidos fondos europeos Next Generation, también llamados fondos COVID por su vinculación al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia tras la pandemia.
Formación digital… con carácter urgente
El contrato, cuya tramitación ha sido declarada urgente, busca ofrecer formación a los comerciantes del distrito, con el objetivo de mejorar sus competencias digitales. No se trata, por tanto, de subvenciones directas ni de inversión en infraestructuras, sino de formación teórica y práctica enfocada a la digitalización del pequeño comercio.
Lo que llama la atención es tanto el importe de la licitación —cerca de 200.000 euros— como la naturaleza de los fondos utilizados, destinados inicialmente a impulsar la recuperación económica tras la crisis del COVID-19.
¿Un uso adecuado de los fondos europeos?
El uso de los fondos Next Generation está sujeto a criterios de impacto económico y social, con especial énfasis en transición digital, sostenibilidad y recuperación del tejido productivo. Sin embargo, surgen dudas sobre la efectividad real de este tipo de acciones formativas, especialmente cuando se concentran en un único distrito y bajo un procedimiento de urgencia.
Algunos expertos en gestión pública señalan que, sin un sistema riguroso de evaluación de resultados, estas inversiones pueden diluirse en programas genéricos de baja incidencia, alejándose del objetivo transformador que persigue el fondo europeo.
Un distrito con desafíos concretos
El distrito de Usera, con una fuerte presencia de comercio local y comunidad china, presenta retos específicos en cuanto a integración digital y modernización de negocios tradicionales. No obstante, la magnitud del gasto y la urgencia del procedimiento podrían requerir mayor transparencia y justificación pública.
¿Transformación digital o gasto apresurado?
Mientras desde el Ayuntamiento se defiende la medida como una inversión en modernización y formación, el elevado importe y la falta de detalles públicos sobre el contenido de los cursos, la entidad que los impartirá o su alcance real generan dudas sobre la eficiencia del uso de fondos europeos en este caso concreto.
Con 198.500 euros sobre la mesa y la etiqueta de "urgente", la fiscalización ciudadana y la transparencia administrativa deberían estar garantizadas. Porque digitalizar el comercio es importante. Pero hacerlo bien y con sentido, aún más.
