El PP "esconde" que enchufó a los suyos en Red Eléctrica mientras critica al PSOE por la gestión del apagón
El reciente apagón que dejó a oscuras España y Portugal, y del que aún se sabe muy poco, ha servido para iluminar un problema mucho más grave y arraigado: la politización crónica de Red Eléctrica de España (REDESIA) empresa clave del sistema energético nacional.
Está en juego la eficiencia de una infraestructura crítica y también la credibilidad institucional de un país donde los sillones se reparten como botín entre partidos, relegando la profesionalización, la independencia y el interés público a un segundo plano.
Red Eléctrica, que debería estar dirigida por profesionales ingenieros del sector, es hoy una réplica silenciosa del Congreso, donde PSOE y PP colocan a figuras políticas o afines que poco o nada tienen que ver con la gestión energética. La presidenta Beatriz Corredor, exministra de Vivienda del PSOE, sin experiencia específica en el sector, fue nombrada por afinidad política. Su perfil ha generado desde el inicio fuertes críticas y dudas sobre su idoneidad para liderar una empresa estratégica.
Sin embargo, las críticas cruzadas encabezadas por Feijóo pierden legitimidad cuando ambos practican el mismo modelo. El PP situó como consejero independiente a José María Abad, miembro del equipo económico del PP, con un perfil técnico de alto nivel —FMI, Moody’s, Goldman Sachs— pero con vinculación directa al partido y miembro también del equipo económico de que fuera ministro Luis de Guindos. Su nombramiento fue promovido por Teodoro García Egea y responde al mismo esquema de control partidista. Abad sustituyó a Arsenio Fernández de Mesa, también del PP y exdirector general de la Guardia Civil, quien previamente había relevado a Agustín Conde, ex presidente del PP en Castilla-La Mancha.
Este reparto de cuotas entre partidos convierte a REE en una especie de mesa de negociación política, más que en una compañía pública dedicada a garantizar el suministro eléctrico con independencia y rigor técnico.
En paralelo, REDESIA, obligada a una gran transformación tecnológica de la red eléctrica, ha estado envuelta en opacidad y sospechas y con un silencio clamoroso político debido a intereses empresariales cercanos al poder antes que al interés común.
Mientras tanto, los sueldos de los consejeros de REE superan ampliamente los 150.000 euros anuales, una cifra difícil de justificar en un contexto de crisis energética, inflación y demandas ciudadanas por mejores servicios públicos. Algunos, como Abad, consejero nombrado por el PP compagina su puesto con otras actividades académicas y de consultoría, lo que plantea dudas sobre la dedicación real y los posibles conflictos de interés. Y es la persona que debe de informar a Feijóo de los entresijos de REDESIA.
El verdadero apagón no fue el del sistema eléctrico. Fue un apagón de transparencia, ética y control institucional. La ciudadanía no elige a estos directivos, pero son ellos quienes toman decisiones que afectan el precio de la luz, la estabilidad del sistema y el futuro energético del país. Y lo hacen desde despachos donde la lealtad partidista pesa más que el conocimiento técnico.
Este modelo de gestión, basado en el intercambio político de favores, no solo erosiona la confianza pública. También pone en riesgo la seguridad energética, la competitividad y la capacidad de España para afrontar los retos del siglo XXI.
Red Eléctrica no puede seguir siendo un premio para exministros, exsecretarios generales o asesores fieles. Es urgente una reforma profunda de su gobernanza, con criterios objetivos, procesos públicos de selección y perfiles verdaderamente independientes. España necesita luz. No solo en las calles. También en las salas donde se decide su futuro energético.
