Leganés se planta ante el “tasazo” de basuras mientras otros municipios cobran hasta 500 euros
El Ayuntamiento de Leganés, gobernado por PP y ULEG, ha decidido no aplicar la tasa estatal derivada de la Ley 7/2022, mientras en otros municipios de la Comunidad de Madrid comienzan a llegar recibos de hasta 500 euros, generando indignación vecinal. La ley, aprobada el 8 de abril de 2022 y en vigor desde el día siguiente, introduce nuevas obligaciones en la gestión de residuos, prohíbe determinados plásticos y establece un modelo de financiación que ha desembocado en el conocido “tasazo” de las basuras. En la votación, solo VOX votó en contra, mientras que el Partido Popular se abstuvo, facilitando su aprobación, sin recurrirla ni promover su derogación pese a su actual fuerza parlamentaria. Ahora, dirigentes populares critican una medida que su partido permitió avanzar, generando confusión e incomodidad política.
El alcalde de Leganés, Miguel Ángel Recuenco (PP), ha asegurado que no trasladará el coste a los vecinos: “Mis vecinos no me eligieron para subirles impuestos”. Sin embargo, ni él ni el Ayuntamiento han aclarado cómo se compensará el gasto que la ley obliga a financiar. Otros municipios ya aplican la tasa: Alcorcón (326 euros), Getafe (200) y Fuenlabrada (más de 100). Leganés, por ahora, se queda al margen.
El equipo de gobierno local califica la tasa de “injusta y regresiva”, aunque omite que el PP tuvo oportunidad de impedirla. Además, no está claro si la negativa se mantendrá si el Estado exige el cumplimiento, un riesgo que la Federación Española de Municipios ha señalado. A la confusión normativa se suma el problema de gestión: la Asociación Nacional de Inspectores de Hacienda Pública advirtió de inseguridad jurídica y numerosos recursos administrativos.
Paralelamente, el Ayuntamiento anuncia bajadas de impuestos, como la reducción de la plusvalía y la supresión de la tasa por tenencia de animales, como muestra de “buena gestión”. Pero el coste real del tratamiento de residuos sigue sin aclararse. La cuestión es más política que técnica: el PP permitió la ley con su abstención y ahora intenta presentarse como víctima de la misma norma. Mientras algunos municipios cobran y asumen el desgaste, otros retrasan la factura para evitar impacto electoral. Los vecinos observan cómo una decisión parlamentaria se traduce en recibos inesperados, discursos contradictorios y promesas condicionadas por la política y las urnas.
