Lío interno en el PP de Madrid tras filtrarse que Ayuso gastará más de 8 millones en buscar "viviendas nuevas" para residentes de la Cañada Real

La Comunidad de Madrid ha formalizado un nuevo convenio de colaboración con la Agencia de Vivienda Social (AVS) para seguir avanzando en el proceso de realojo de las familias que residen en la Cañada Real Galiana, una de las zonas con mayor exclusión residencial de la región. El acuerdo, firmado entre la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras y la AVS, contempla la concesión directa de una subvención de 8.375.000 euros destinada a la adquisición de viviendas que serán asignadas a residentes de este asentamiento irregular.

Esta concesión no gusta a todos en el Partido Popular de Isabel Díaz Ayuso. De hecho, hay muchas voces, las más escoradas a la derecha, que no se muestran nada conformes con esta partida económica. Desde Vox son más críticos y atacan esta subvención ya que sostienen que hay muchos españoles que no tienen acceso a la vivienda. Pero lo cierto es que ya se ha hecho efectiva. 

Un paso más hacia la solución de una situación histórica

Este convenio se enmarca dentro del Pacto Regional por la Cañada Real, aprobado en 2017 por la Asamblea de Madrid y por los ayuntamientos implicados (Madrid, Coslada y Rivas-Vaciamadrid). En dicho acuerdo se fijaron los principios para resolver una problemática que afecta a cientos de familias en situación de extrema vulnerabilidad y que viven en condiciones de habitabilidad muy precarias, especialmente en el Sector 6, dentro del término municipal de Madrid.

Desde entonces, se han firmado varios convenios que ya han permitido el realojo de más de 300 familias, y con este nuevo impulso económico se espera continuar con este proceso de integración social y residencial.

¿En qué se invertirá el dinero?

La subvención otorgada será gestionada directamente por la Agencia de Vivienda Social y se dedicará a:

• La adquisición de viviendas para el realojo.

• La realización de obras de habitabilidad, accesibilidad o adecuación, si fuesen necesarias.

El importe máximo que podrá destinarse por cada vivienda será de 298.000 euros, incluyendo todos los gastos asociados (notaría, registro, impuestos, etc.). Además, si es necesario realizar obras, se contempla una ayuda adicional de hasta 6.000 euros por inmueble.

Control, justificación y transparencia

El convenio estipula que toda la inversión deberá estar justificada y documentada antes del 31 de marzo de 2028. La AVS deberá acreditar mediante escrituras de compraventa y contratos de adjudicación que las viviendas han sido adquiridas y asignadas a las familias beneficiarias. También deberá remitir informes anuales detallando el estado de ejecución del presupuesto.

Además, se crea una Comisión Bilateral de Seguimiento, con representantes de ambas instituciones, que se encargará de verificar el cumplimiento de los objetivos marcados.

Un enfoque colaborativo

El acuerdo también reconoce el papel del Gobierno de España, que ha aportado los fondos a través de una subvención nominativa aprobada por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Por ello, todas las comunicaciones públicas relacionadas con estas actuaciones deberán incluir la imagen institucional de la Administración General del Estado.

Compromiso político y social

Este convenio refleja la continuidad de una política de realojo planificado, ordenado y digno para las familias que aún habitan en la Cañada Real. Según se recoge en el texto, “la solución habitacional mediante realojo se considera la medida más adecuada” para poner fin a una situación que arrastra décadas de abandono institucional.

En definitiva, este acuerdo representa un paso crucial hacia la erradicación del chabolismo en la Comunidad de Madrid, reafirmando el compromiso institucional con el derecho a una vivienda digna y la inclusión social de los colectivos más vulnerables.

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