Manuela Carmena rompe un tabú al reivindicar la política de vivienda franquista y desata un terremoto político
La magistrada Manuela Carmena ha hecho lo que casi nadie en la política española se atreve a hacer: decir algo que sabe que resultará incómodo, incluso para los suyos. Sus recientes declaraciones reconociendo que durante el franquismo se protegió a los inquilinos y se construyeron millones de viviendas accesibles han desencadenado una tormenta política que revela más del presente que del pasado.
La exalcaldesa de Madrid, figura respetada en el progresismo urbano y símbolo del municipalismo ético, ha irrumpido en uno de los tabúes más persistentes de la izquierda al admitir que el régimen dictatorial pudo desarrollar políticas sociales eficaces. No se trata de blanquear la dictadura, sostiene Carmena, sino de afirmar hechos históricos que, por incómodos que sean, forman parte de la realidad.
Pero en un país donde la memoria del franquismo se mueve entre el rechazo moral absoluto y la instrumentalización política permanente, cualquier matiz se convierte en dinamita. La reacción lo demuestra. Desde los partidos progresistas, silencio calculado; desde sectores más militantes, inquietud evidente; desde la derecha, un inesperado aplauso a la “valentía” de Carmena. En las redes sociales, la exmagistrada ha sido ensalzada no por su ideología, sino por su coherencia y honestidad.
Lo verdaderamente revelador es que este terremoto discursivo no estalla por nostalgia, sino por necesidad. España atraviesa una crisis de vivienda que ahoga a jóvenes, familias y trabajadores. Alquileres prohibitivos, ausencia crónica de vivienda pública, y un mercado dominado por la especulación hacen que cualquier comparación con épocas —por oscuras que fueran— en las que el Estado garantizaba estabilidad habitacional suene provocadora, pero también pertinente.
Carmena ha puesto sobre la mesa una verdad sencilla y compleja y es que la historia no cambia porque la ignoremos. Y reconocer lo que funcionó, incluso si proviene de un régimen condenable, no es una traición política, sino un ejercicio de madurez democrática. Lo contrario —negar hechos porque incomodan a la narrativa— solo agranda la distancia entre la política y los ciudadanos.
Quizá por eso sus palabras han generado más respeto que rechazo. En tiempos de trincheras y dogmas, el matiz se ha convertido en un acto de subversión. Y Carmena, una vez más, ha demostrado que sigue dispuesta a incomodar si eso significa decir lo que considera verdad.
