RENFE

Óscar Puente pagó 2.100 euros de dinero público a una influencer americana para que hablara bien de Renfe

Óscar Puente
Óscar Puente

El conocido tuitero Pablo Haro ha vuelto a sacar los colores a una institución pública. Esta vez, el foco ha sido Renfe, a la que ha acusado de ocultar deliberadamente información sobre una campaña promocional protagonizada por una influencer extranjera.

Todo comenzó cuando el actual ministro Óscar Puente —entonces en su etapa al frente de Transportes— publicó en redes un vídeo de una influencer estadounidense elogiando la calidad del servicio ferroviario español. El clip, que fue presentado como una muestra espontánea de admiración, generó en su día una oleada de comentarios entre escépticos y defensores del transporte público español.

Pero Haro ha ido más allá y ha revelado que esa acción no fue tan espontánea como parecía: "¿Os acordáis de cuando Óscar Puente subió un vídeo de una influencer yanki de viajes que decía lo buenos que eran los trenes aquí? Le habían pagado 2.100 euros", escribió en su perfil de X (antes Twitter), acompañado de pruebas que obtuvo tras una resolución favorable del Consejo de Transparencia.

Renfe intentó ocultar la información

Según ha detallado Haro, cuando solicitó formalmente los detalles de esta colaboración, Renfe denegó el acceso a los datos, alegando que no se trataba de "información pública". Sin embargo, el tuitero presentó un recurso ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, que le dio la razón y obligó a Renfe a proporcionar la información completa.

Este caso reabre el debate sobre la transparencia en la gestión del dinero público, especialmente en lo relativo a campañas de imagen institucional. ¿Hasta qué punto las empresas públicas pueden decidir unilateralmente contratar influencias sin rendir cuentas?

¿Propaganda encubierta con dinero público?

La revelación de Haro no es solo anecdótica. Levanta dudas legítimas sobre cómo se emplean fondos públicos para marketing institucional y qué límites deben establecerse para que la promoción del país no se confunda con propaganda encubierta.

Si bien es legítimo que las empresas públicas busquen mejorar su imagen, especialmente ante audiencias internacionales, el problema radica en la falta de transparencia y en el intento de ocultar que había un pago de por medio, presentando el contenido como una alabanza desinteresada.

El caso también pone en el centro del debate el papel de los creadores de contenido en la promoción institucional y la necesidad de etiquetar claramente cuándo se trata de colaboraciones pagadas, algo que en este caso ni Renfe ni el ministerio explicitaron públicamente.

Un toque de atención

Con esta victoria ante el Consejo de Transparencia, Pablo Haro vuelve a consolidarse como una de las voces más incisivas del activismo digital en España, especialmente en lo que respecta al acceso a la información pública.

Renfe, por su parte, aún no ha hecho ninguna declaración oficial tras la polémica. Pero la pregunta que queda en el aire es evidente: si no hay nada que ocultar, ¿por qué intentaron esconderlo?