Se quejan de la mala calidad de las casas del Plan VIVE y dicen recibir "amenazas" de la Policía y del PP
Los inquilinos de varias promociones del Plan Vive, impulsado por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, han denunciado públicamente las deficiencias estructurales y las condiciones inadecuadas de sus viviendas, así como el incumplimiento de las promesas relacionadas con los precios de alquiler. A los problemas de goteras, obras inacabadas y desperfectos, se suma el hecho de que las tarifas de arrendamiento están muy por encima de lo prometido. Este panorama afecta a familias de localidades como Alcalá de Henares, Alcorcón y San Sebastián de los Reyes, que también afirman haber recibido represalias y presiones por reclamar sus derechos.
De las promesas a la realidad: viviendas inacabadas y precios inflados
El Plan Vive fue anunciado como una solución a la crisis de vivienda en la Comunidad de Madrid, con el compromiso de ofrecer pisos en régimen de alquiler a precios un 40% por debajo del mercado. Sin embargo, los vecinos denuncian que la realidad es muy diferente.
En Alcalá de Henares, las familias han tenido que lidiar con problemas de filtraciones, obras sin finalizar, paredes y techos con agujeros, y zonas comunes sin terminar, pese a que estas se les facturan en los recibos mensuales. "Nos están cobrando por ascensores que no funcionan y espacios comunes que todavía están llenos de escombros", asegura uno de los afectados. Además, las viviendas presentan chapuzas evidentes, como cañerías sin aislamiento o sistemas eléctricos pendientes de alta debido a trámites mal gestionados.
En cuanto a los precios, lo prometido dista mucho de lo que enfrentan los vecinos. Según los afectados, el alquiler por metro cuadrado ronda los 14 euros, cuando debería ubicarse en 7 euros/m² para cumplir con el descuento anunciado por la Comunidad de Madrid. Por ejemplo, una familia debe pagar 1.000 euros al mes por un piso de apenas 70 m², incluyendo el IBI y los gastos de comunidad, que originalmente no iban a ser asumidos por los inquilinos.
"Intimidación y represalias" por parte de las autoridades locales
Las quejas de los vecinos no solo han sido ignoradas, sino que algunos aseguran haber sido objeto de intimidación tras alzar la voz. En Alcalá de Henares, el Gobierno local, liderado por una coalición de PP y Vox, se ha negado a exigir explicaciones a la Comunidad de Madrid, lo que, según los vecinos, deja claro su alineación con el Gobierno regional.
Durante el último pleno municipal, los inquilinos acudieron para exigir soluciones, pero la respuesta fue un despliegue policial que, según relatan, coincidió "casualmente" con la reunión. "Ese día, la Policía Local se dedicó a multar los coches de quienes estaban en el pleno protestando, algo que nunca había ocurrido antes", denuncia Rosa Romero, portavoz de Más Madrid en el consistorio. "Parece que se busca castigar a quienes ejercen su derecho a reclamar".
Más Madrid exige soluciones inmediatas
Desde la oposición, Más Madrid ha presentado una propuesta en el pleno municipal con tres exigencias claras:
- Finalización inmediata de las obras en las viviendas y zonas comunes, asegurando condiciones de habitabilidad y seguridad.
- Condonación del alquiler hasta que las viviendas estén completamente terminadas y libres de desperfectos.
- Eliminación del cobro de IBI y gastos de comunidad a los inquilinos, que deberían ser asumidos por la parte propietaria.
La formación lamenta que esta propuesta haya sido rechazada por el equipo de gobierno. "Además de no aportar soluciones, el PP y Vox han mentido descaradamente, afirmando que las viviendas están en perfectas condiciones y que los constructores están en contacto con los vecinos, algo que es falso y fácilmente demostrable con fotografías y vídeos", asegura Romero. "Visitar las viviendas y escuchar a los afectados debería ser su prioridad, no desentenderse tras hacerse la foto el día de la entrega de llaves", añade.
Un problema que se agrava
El descontento de los vecinos no solo se limita a las condiciones de las viviendas, sino que también refleja una profunda desconfianza hacia la gestión del Plan Vive. Las promesas de viviendas asequibles y de calidad han quedado en entredicho, y los afectados se enfrentan ahora a elevados gastos por inmuebles que consideran "infraviviendas".
Mientras tanto, organizaciones sociales y partidos de la oposición exigen una revisión exhaustiva del programa y soluciones urgentes para los afectados. Sin embargo, la falta de voluntad política y las respuestas evasivas de las autoridades regionales y locales han dejado a muchas familias en una situación de vulnerabilidad y precariedad.
El caso del Plan Vive plantea serias dudas sobre la eficacia de las políticas públicas de vivienda en la Comunidad de Madrid y pone de manifiesto la necesidad de mayor control y transparencia en proyectos de esta magnitud.
