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Una subvención "oculta" del gobierno de Ayuso para enseñar el islam monta un "lío" en el PP de Madrid

Isabel Días Ayuso el 2 de mayo
Isabel Días Ayuso el 2 de mayo

El PP de Madrid, ese presidido por Isabel Díaz Ayuso, tiene sus rencillas internas pese a que intentan cuidar la imagen de cara a la galería. Hay gastos que se cuelan, como este relacionado con la enseñanza del islam, que no quieren que se filtren por evitar mayores problemas. Ya sea por las críticas internas o porque Vox, el vecino de la derecha, lo utilice como arma arrojadiza, lo cierto es que fuentes de la Comunidad de Madrid han deslizado que este contrato pagado ahora y ejecutado en 2024 preocupa en cierto grado a la Comunidad de Madrid.

El Gobierno de la Comunidad de Madrid, presidido por Isabel Díaz Ayuso, ha concedido una subvención nominativa de 55.596 euros a la Unión de Comunidades Islámicas de España (UCIDE) para la realización de actividades formativas. La ayuda, registrada oficialmente en la Base de Datos Nacional de Subvenciones, ha sido tramitada con total normalidad administrativa, pero políticamente se ha convertido en un tema incómodo.

Desde el momento en que se aprobó, el ejecutivo autonómico ha hecho todo lo posible por mantener el contrato alejado del foco público. No se ha emitido nota de prensa, no se ha publicado en redes sociales ni se ha mencionado en los canales institucionales del Gobierno regional. Todo indica que el equipo de Ayuso ha estado obsesionado con evitar cualquier tipo de exposición pública de esta subvención. Ha preferido el silencio al riesgo de provocar una reacción airada por parte de sus bases más conservadoras o, aún más peligroso, de su socio parlamentario Vox.

La subvención, aunque perfectamente legal y común en políticas de integración, ha tocado una fibra sensible en el tablero político de la derecha madrileña. El PP sabe que un solo titular mal interpretado puede convertirse en carne de ataque mediático, y Vox ha demostrado en otras ocasiones estar dispuesto a explotar cualquier mínimo gesto que considere alejado de su ideario.

Por eso, el Gobierno de Ayuso ha optado por ocultar deliberadamente el contrato. No se trata de una omisión inocente, sino de una estrategia consciente. Han temido que esta ayuda pudiera ser utilizada como arma arrojadiza por Vox, que ya ha demostrado su disposición a confrontar cualquier tipo de colaboración institucional con organizaciones vinculadas al Islam. Y también han querido evitar el enfado de un sector de su electorado, especialmente el que ha interiorizado los marcos ideológicos del discurso antiinmigración y antimusulmán.

La ayuda a UCIDE no ha sido cuestionada desde un punto de vista legal. Pero políticamente, el PP madrileño ha preferido taparla como si fuera un error, y no una política pública legítima. Y en esa decisión, lo que se ha reflejado no es tanto una gestión administrativa, sino el miedo a perder el control del relato ante sus propios aliados.