La verificadora de Ana Pastor pilla dinero público de Hodio, la herramienta de Sánchez para perseguir discursos de odio

Ferreras y Ana Pastor
Ferreras y Ana Pastor

En los últimos días ha surgido una polémica en redes sociales tras conocerse una contratación pública vinculada a Newtral, la empresa de verificación y producción audiovisual fundada por la periodista Ana Pastor.

El debate se ha generado a raíz de una adjudicación realizada en febrero de 2026 por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores de España, dirigido por José Manuel Albares, que habría contado con fondos procedentes de la Unión Europea destinados a programas de desarrollo regional.

La cuestión que ha despertado controversia es el objeto del contrato, relacionado con proyectos vinculados al análisis o seguimiento del discurso de odio en entornos digitales, un ámbito que algunos usuarios consideran alejado de la actividad habitual de verificación informativa que realiza la compañía.

Una adjudicación que abre el debate

Newtral es conocida principalmente por su trabajo en verificación de información, fact-checking y producción audiovisual, además de participar en iniciativas europeas de lucha contra la desinformación. Su labor se centra en analizar contenidos virales, declaraciones públicas y narrativas digitales para comprobar su veracidad.

Sin embargo, la adjudicación vinculada a programas relacionados con el discurso de odio online ha generado preguntas sobre el alcance de este tipo de proyectos y el papel que pueden desempeñar empresas dedicadas originalmente a la verificación.

En redes sociales y en algunos espacios de debate político se han planteado dudas sobre si una empresa dedicada al fact-checking debe participar en iniciativas institucionales relacionadas con la identificación o estudio de discursos problemáticos en internet.

El contexto europeo

El debate se produce además en un momento en el que las instituciones europeas han intensificado las políticas destinadas a combatir fenómenos como la desinformación, el acoso digital o el discurso de odio en plataformas online.

En este contexto, distintos organismos públicos colaboran con universidades, organizaciones tecnológicas, medios de comunicación y entidades especializadas en análisis de contenidos digitales.

Los programas financiados con fondos europeos suelen incluir proyectos de investigación, monitorización de redes sociales o desarrollo de herramientas para detectar narrativas perjudiciales en el entorno digital.

El papel de las verificadoras

Las empresas de verificación han ganado protagonismo en los últimos años debido al crecimiento de la desinformación en internet. Muchas de ellas colaboran con plataformas tecnológicas, instituciones públicas y organizaciones internacionales.

Sin embargo, cuando este tipo de entidades participan en proyectos financiados con dinero público, especialmente en ámbitos sensibles como la moderación de contenidos o el análisis del discurso digital, suelen surgir debates sobre transparencia, independencia y alcance de sus funciones.

En el caso de Newtral, la controversia gira en torno a si este tipo de proyectos encajan dentro de su actividad habitual o si representan una ampliación de su papel dentro del ecosistema informativo.

Un debate que continúa

Por ahora, la adjudicación ha generado principalmente discusión en redes sociales y en algunos círculos políticos. La cuestión de fondo es qué papel deben tener las organizaciones dedicadas al fact-checking en iniciativas institucionales relacionadas con el control o análisis del discurso digital.

Mientras tanto, el caso refleja un fenómeno más amplio: la creciente implicación de empresas tecnológicas, medios y entidades especializadas en proyectos públicos destinados a analizar y combatir la desinformación y el discurso de odio en internet.