El calvario tras darse de baja de Securitas Direct: llamadas constantes y cobros inesperados
Un cliente de Securitas Direct ha denunciado públicamente lo que define como un auténtico calvario tras darse de baja del servicio. Según relata, mientras fue cliente todo funcionó con normalidad, pero la situación cambió radicalmente en el momento en que decidió cancelar el contrato debido a las constantes subidas de precio.
La experiencia, según explica, comenzó con un proceso de baja complicado, poco claro y prolongado en el tiempo. A partir de ese momento, afirma haber empezado a recibir llamadas insistentes desde el número 911 820 542, hasta el punto de calificarlas como acosadoras. Ante la frecuencia de los contactos, optó por dejar de responder.
El problema no terminó ahí. Poco después recibió un correo electrónico de Markel Global Services, S.A., una empresa externa que, según indica, trabaja para Securitas Direct. En dicho mensaje se le reclamaba el pago de 13,32 euros, bajo advertencia de posibles medidas si no se realizaba el abono. Para evitar complicaciones, el afectado realizó el pago mediante transferencia directamente a la cuenta de Securitas Direct.
Sin embargo, lejos de cerrarse el asunto, semanas después volvió a recibir otro correo similar, esta vez reclamando 19,38 euros, una cantidad que también decidió pagar con la esperanza de poner fin definitivamente a la situación. Aun así, expresa su preocupación y malestar ante la posibilidad de que sigan llegando nuevas reclamaciones.
El cliente asegura sentirse indefenso ante una dinámica que considera injusta, especialmente después de haber sido usuario durante años. Denuncia que el trato recibido tras la baja contrasta radicalmente con la atención previa, y lamenta que una empresa de este tamaño recurra a métodos que, en su opinión, rozan la presión indebida al consumidor.
Desde Securitas Direct, la compañía ha respondido públicamente indicando que revisará el caso y que se pondrá en contacto con el afectado para ofrecer una solución. No obstante, la experiencia relatada vuelve a poner el foco en una queja recurrente entre antiguos clientes: la dificultad para cerrar definitivamente la relación contractual y la gestión de cargos posteriores a la baja.
Este tipo de situaciones reabre el debate sobre la transparencia en los procesos de cancelación de servicios, el uso de empresas externas para la gestión de cobros y la necesidad de una mayor protección al consumidor frente a prácticas que generan confusión, desgaste y desconfianza.
