Se da de baja de Orange, le dicen que recicle el router y luego le cobran por no devolverlo
Un nuevo caso de descontento con Orange ha salido a la luz, esta vez relacionado con el proceso de baja de sus servicios y la facturación posterior. Un usuario ha compartido su experiencia tras intentar desvincularse de la compañía, asegurando que fue víctima de un doble perjuicio económico y contractual.
Según relata el afectado, tras solicitar la baja del servicio, desde Orange le comunicaron que no era necesario devolver el router proporcionado por la compañía. La indicación fue clara: podía reciclarlo sin ningún problema. Sin embargo, casi dos meses después, el cliente se encontró con una factura superior a los 60 euros en concepto de no devolución del equipo.
Lo más preocupante, explica, es que ahora le han dado un plazo de 20 días para devolver el router si quiere recuperar su dinero, una exigencia que considera injusta y contradictoria con la información que le dieron inicialmente.
Pero el conflicto no termina ahí. El usuario también denuncia que, durante el tiempo que fue cliente, Orange activó sin su consentimiento una línea de móvil adicional y el servicio de televisión. Asegura que nunca firmó un contrato para incluir estos productos, ni fue informado de su activación, algo que podría suponer una infracción de la normativa de consumo si se confirma.
Servicios añadidos sin consentimiento y cargos no autorizados
El cliente ha manifestado su profunda frustración ante lo que considera una falta de transparencia y profesionalidad por parte de la operadora. “Nunca firmé un contrato nuevo para añadir la TV ni otra línea móvil, y tampoco me informaron por ningún canal. Me lo encontré en la factura”, explica.
Casos como este suman al historial de reclamaciones que Orange ha recibido en los últimos años por prácticas similares: cargos inesperados, dificultades en los procesos de baja y servicios añadidos sin aprobación previa. Este tipo de actuaciones han sido objeto de advertencias por parte de asociaciones de consumidores, que instan a los usuarios a exigir por escrito todas las condiciones de cualquier modificación contractual.
Reclamar ante Consumo, una vía posible
Organizaciones como FACUA o la OCU recomiendan que, ante estas situaciones, los usuarios documenten todo el proceso y presenten una reclamación formal ante la compañía. Si no se resuelve en un plazo razonable, pueden recurrir a organismos autonómicos de consumo o incluso al arbitraje de telecomunicaciones.
El cliente afectado, por su parte, exige el reembolso de los 60 euros cobrados indebidamente y la anulación de todos los servicios no contratados, además de una disculpa por parte de la empresa.
Este caso vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre la necesidad de mayor regulación y control en las prácticas de las operadoras, especialmente en lo que respecta a la claridad de las bajas, la activación de servicios y la gestión de equipos.
