Se hace de Vodafone y le cuelan la permanencia con la instalación del router

Cada vez son más los usuarios que denuncian prácticas comerciales engañosas por parte de compañías de telecomunicaciones, y esta vez es Vodafone quien vuelve a estar en el punto de mira. Un cliente ha compartido su experiencia tras aceptar una oferta telefónica que prometía ser perfecta, pero que acabó convirtiéndose —según su relato— en una auténtica pesadilla contractual.

Una oferta demasiado buena para ser cierta

Todo comenzó con la llamada de un comercial de Vodafone que ofrecía un paquete completo por 52 euros al mes durante 12 meses, con precio fijo garantizado. El cliente relata que el contrato incluía 1.000 megas de fibra, suscripciones a Netflix y Amazon, acceso ilimitado a canales de televisión y un terminal nuevo incluido. Una oferta difícil de rechazar, especialmente con la promesa de no sorpresas en la factura.

Sin embargo, la realidad fue bien distinta. Apenas cuatro meses después, la factura ascendió a 82 euros mensuales, sin previo aviso ni justificación aparente. Ni la tarifa acordada, ni los servicios prometidos fueron respetados.

Penalización por marcharse… a los tres días

Apenas tres días después de que se instalara el router y el decodificador, el cliente recibió una mejor oferta de otra compañía y decidió ejercer su derecho a cancelar el contrato. Al comunicárselo a Vodafone, en lugar de interesarse por los motivos de la baja, la compañía le informó de que tenía una permanencia activa por la instalación del equipo, y que debía abonar una penalización económica.

Según el cliente, nunca se le informó previamente de estos costes asociados al equipo. Denuncia que el trato recibido fue más parecido a una amenaza que a una gestión comercial, y acusa a la compañía de actuar con opacidad y mala fe.

¿Qué dice la ley?

La legislación española reconoce el derecho de desistimiento en contratos firmados fuera del establecimiento comercial (por ejemplo, por teléfono) durante un plazo de 14 días naturales desde la recepción del producto o la activación del servicio. Durante ese tiempo, el consumidor puede cancelar el contrato sin penalización alguna, siempre que no haya aceptado expresamente perder ese derecho.

Además, si en el momento de la contratación no se informó de la existencia de una penalización por instalación o permanencia, la compañía no puede legalmente exigir ese pago.

¿Qué puede hacer el afectado?

En casos como este, es recomendable:

• Solicitar el contrato por escrito o la grabación de la llamada donde se haya acordado el servicio.

• Presentar una reclamación formal ante Vodafone, solicitando el detalle de los cargos y alegando falta de transparencia.

• Acudir a Consumo o a la Oficina de Atención al Usuario de Telecomunicaciones (www.usuariosteleco.gob.es) para tramitar una denuncia si no se resuelve el conflicto.

• No devolver el equipo hasta que se aclare la situación, pero documentar todo el proceso.

Un caso más en una larga lista de quejas

Vodafone ha sido objeto de múltiples denuncias por parte de clientes que aseguran haber sido víctimas de ofertas falsas, facturas infladas, penalizaciones ocultas y cobros indebidos. Este nuevo caso no hace sino reforzar una percepción que muchos usuarios comparten: la necesidad urgente de mayor transparencia y control en las prácticas comerciales del sector.

Conclusión: lo que empezó como una oferta tentadora acabó siendo —según el testimonio del cliente— un ejemplo de engaño contractual y falta de información básica al consumidor. Un recordatorio más de que, ante cualquier propuesta telefónica, conviene desconfiar, pedir todo por escrito y conocer bien nuestros derechos.

¿Te gustaría que preparara una carta de reclamación o una guía para presentar quejas ante Consumo por este tipo de casos?