Protestas, tasas y silencio destapan el doble discurso del PP ante el ‘tasazo’ de la basura
La nueva tasa de basuras, el impuesto más impopular del año, ha puesto en evidencia la hipocresía de muchos ayuntamientos, especialmente los del Partido Popular (PP). Mientras sus dirigentes denuncian en público el “tasazo impuesto por Sánchez”, en privado lo aplican con entusiasmo por lo bien que les viene recaudar.
En el Congreso de los Diputados y en Bruselas (donde gobiernan populares y socialistas), el PP tuvo oportunidad de frenar la aplicación obligatoria de la tasa y ni lo intentó. Podía haber buscado una mayoría para modificar la Ley de Residuos o aplazar su entrada en vigor. No lo hizo. Prefirió indignarse desde el atril y llenar las arcas desde el ayuntamiento.
El ejemplo más claro es Madrid, donde José Luis Martínez-Almeida recaudará más de 300 millones de euros con un recibo medio de 141 € por vivienda. La tasa se calcula según el valor catastral, sin atender a la renta ni al uso del inmueble.
En Alicante, los vecinos denuncian que el nuevo recibo triplica lo anterior. En Bueu (Pontevedra), la tasa sube de 67 € a 126 €. y aun así, casi todos los ayuntamientos alegan que “no pueden hacer otra cosa”.
El argumento jurídico se derrumba: Bruselas no obliga a imponer una tasa, solo a cubrir el coste del servicio. Y hay que recordar que, en Madrid, además, se subió el IBI para cubrir este coste en la época de Gallardón. Los consistorios podrían haber optado por otros modelos o simplemente plantarse, pero han preferido aplicar bonificaciones masivas —a jubilados, familias vulnerables, asociaciones sin ánimo de lucro, familias numerosas, centros educativos — que vacían de sentido del cobro y evidencian su carácter arbitrario. Paradójicamente, los mismos ayuntamientos que alegan “obligación legal” están aplicando una norma que luego desactivan con excepciones masivas. Si no están de acuerdo, ¿por qué la aplican?
El PP intenta presentarse como víctima de una imposición del Gobierno central, pero sus hechos demuestran lo contrario. Han convertido una medida impopular en un instrumento de recaudación, con la ventaja de culpar a otro mientras ingresan cientos de millones.
En Madrid, Almeida criticó la tasa, pero la aprobó. En Sevilla, el consistorio popular la aplica “por obligación legal”, aunque promete “ajustes”. En Málaga, la estrategia es la misma: aplicar primero, corregir después. En grandes ayuntamientos del PP como Alcobendas, Pozuelo de Alarcón, Boadilla, Las Rozas y Majadahonda, donde hay muchas viviendas unifamiliares el “basurazo” es una ruina con recibos de hasta 700 €.
El resultado es un panorama de cinismo fiscal. El PP denuncia en Bruselas lo que aplica en casa, y los ciudadanos, confundidos entre discursos cruzados, acaban pagando el precio.
El debate de fondo no es si debe pagarse la basura, sino cómo y con qué criterios. Si se aplicara de forma progresiva, vinculada a la renta o al volumen de residuos, tendría sentido ambiental y social. Pero hoy no lo es. Lo que existe es una tasa plana, regresiva y mal explicada, con enormes diferencias territoriales y poca transparencia sobre los costes reales del servicio.
La nueva tasa nació sin pedagogía y sin política. Es una pieza más del rompecabezas de la financiación local que nadie quiere resolver. Mientras tanto, los ayuntamientos —los del PP y también muchos del PSOE— siguen tirando de la misma estrategia: recaudar en silencio, lamentarse en público y esperar que el ruido ciudadano se disipe.
La basura, en este caso, no está solo en los contenedores. Está en la gestión opaca, en la incoherencia política y en la falta de coraje institucional. Si el PP de verdad cree que esta tasa es injusta, debería liderar su derogación parlamentaria o presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional.
Porque, al final, el PP se queja, pero cobra. Denuncia un impuesto “de Sánchez”, pero lo aplica con la calculadora en la mano. Y esta vez, la basura no está en las calles, sino en la política.
