Le dan largas en Canalcar para recoger su coche recién comprado y acaban tirando de abogados para rescindir el contrato
Un cliente insatisfecho ha denunciado públicamente a Canalcar, un concesionario de vehículos, tras una experiencia extremadamente frustrante que culminó en la intervención de abogados para resolver la situación. Según el afectado, el coche que compró a finales de agosto no fue entregado sino hasta mediados de septiembre, y solo tras varios aplazamientos debidos a problemas mecánicos no resueltos.
La compra se volvió un calvario cuando, un día antes de la nueva fecha de entrega pactada, el cliente recibió una llamada del concesionario avisando de un fallo en los frenos del automóvil. A partir de ahí, la situación se complicó aún más, pues, semana tras semana, se le aseguraba que el coche estaría listo, lo cual nunca sucedió.
El descontento creció cuando, tras más de un mes de espera y sin recibir el vehículo, al cliente se le pidió que firmara un contrato que afirmaba que el automóvil le había sido entregado en perfectas condiciones. Ante la negativa del concesionario de devolver el dinero de manera directa, fue necesario recurrir a la asistencia legal para obtener la recisión del contrato y la devolución de la suma pagada.
El cliente ha expresado una advertencia clara sobre el trato recibido, en particular, mencionando a una empleada en concreto, acusándola de inaccesibilidad durante este proceso y cuestionando la integridad del servicio al cliente del concesionario. Estas acusaciones se suman a otras reseñas negativas que apuntan a una tendencia preocupante en el trato a los clientes por parte de Canalcar.
Este incidente destaca la importancia de la transparencia y la honestidad en las transacciones de vehículos. Los consumidores deben estar alerta y posiblemente considerar opciones alternativas o medidas de protección, como la verificación independiente del estado del vehículo antes de la compra y la revisión detallada de cualquier documento contractual. Este caso también subraya la efectividad de la intervención legal como recurso para los consumidores que enfrentan prácticas comerciales desleales o engañosas.
